Mujeres Maya Q’eqchí de Sepur Zarco marcan hito histórico contra la esclavitud sexual como acto de guerra

Colectiva Jalok U

 

Quince mujeres de Sepur Zarco son las protagonistas de un hito histórico mundial: por primera vez en Guatemala y en el mundo, un tribunal nacional ha juzgado y condenado la esclavitud sexual como crimen de guerra.  

34 años han pasado desde que sus maridos fueron desaparecidos y asesinados; desde que fueron despojadas de sus pertenencias y sometidas a abusos sexuales, psicológicos, a servidumbre doméstica forzada y al estigma social por ser mujeres indígenas pobres, viudas cuyos cuerpos fueron instrumentalizados por el ejército durante el enfrentamiento armado interno.

“Cada vez que iba a servir, me llevaban de un lado y me lanzaban en una cama y ahí abusaban de mí…eran incontables lo que abusaban de mí porque ahí vivían. Insistían en decir que ya no había nadie que respondiera por mí y ellos eran la autoridad sobre mí”, relató Carmen en el Tribunal “A” de Riesgo Mayor, llorando al recordar cómo durante seis meses cumplió jornadas de 12 horas por turnos asignados al grupo de mujeres.  Otras mujeres de la comunidad, y sus hijas, no sobrevivieron la violencia sexual.

El sufrimiento de las mujeres de Sepur Zarco se remonta a las luchas de sus comunidades para reivindicar sus derechos a la tierra en El Estor, Izabal, un territorio Maya Q’eqchí en el que ha prevalecido el despojo de tierras a favor de grandes latifundios de monocultivos e intereses económicos relacionados con explotación minera.  El destacamento militar de Sepur Zarco se instaló en 1982 y funcionó como centro de recreación hasta 1986, período durante el cual miembros del ejército perpetraron violaciones sexuales repetidamente, y forzaron a las mujeres a limpiar, lavar y preparar comida para ellos.

Además de todas las formas de violación a los derechos humanos, las mujeres sufrieron formas específicas de violencia de género. La forma más común de violencia usada contra las mujeres durante el enfrentamiento armado fue la violación sexual, la cual constituyó una práctica sistemática en las estrategias que violaron los derechos humanos de la población guatemalteca. Las niñas y las mujeres indígenas de las áreas rurales fueron las más agredidas. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 88.7% de las víctimas de violación sexual pertenecían a grupos Maya; 62% entre 18 y 60 años, 35% niñas y 3% ancianas.[1]  En el caso de las mujeres indígenas, se sumó a la violencia armada y de género, la discriminación étnica.

Aspectos destacados

  • Según el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico:
  • El enfrentamiento armado interno dejó un saldo de más de 200,000 víctimas y más de 45,000 desparecidos. Entre ellos, alrededor de 5,000 niños.
  • Además de todas las formas de violación a los derechos humanos, las mujeres sufrieron formas específicas de violencia de género.
  • La violación sexual fue la forma de violencia más común usada contra las mujeres, la cual constituyó una práctica sistemática en las estrategias que violaron los derechos humanos de la población.
  • La violación sexual causó sufriemientos y secuelas profundas en las mujeres y comunidades. Vulneró además muchos otros derechos. El rompimiento del tejido social generó aislamiento, estigma y facilitó la destrucción de los grupos indígenas.
  • Con el apoyo del PNUD: a) más de 16,000,000 documentos de los archivos de la ex Policía Nacional son accesibles al público y a instituciones de la justicia por parte del Archivo Histórico de la Policía Nacional;
  • b) existe un Banco Genético que cumple con estándares internacionales, permitiendo la identificación de casi 2,000 víctimas para que sus restos sean devueltos a sus familiares para su dignificación;
  • c) un promedio de 20,000 familiares de víctimas han recibido anualmente apoyo legal y psicosocial en el proceso de búsqueda de los restos de sus seres queridos.
  • La violación sexual está proscrita por el derecho humanitario como crimen de guerra y de lesa humanidad.
  • El caso de Sepur Zarco ha marcado un hito histórico al ser juzgado y condenado por tribunales nacionales.

Desde 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, a través del Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición -PAJUST- ha venido apoyando el desarrollo de capacidades del Estado y de la sociedad civil para el ejercicio integral de los derechos a la verdad, justicia y reparación a víctimas del enfrentamiento armado, así como medidas para la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos.    

Para ello, PAJUST ha apoyado el desarrollo de las capacidades investigativas y jurídicas de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público para perseguir penalmente casos de violencia sexual contra mujeres durante el enfrentamiento. Dicho apoyo incluyó asistencia técnica para la elaboración de la Instrucción General para la Investigación de hechos de violencia sexual ocurridos en el marco del conflicto armado interno, aprobado por la Fiscal General en 2012, así como manuales y procesos de formación relacionados.

Adicionalmente, PAJUST apoya la labor de organizaciones de sociedad civil que brindan asesoría legal y psicosocial a víctimas en procesos penales.  Entre ellas, las organizaciones feministas y de derechos humanos que acompañan a mujeres víctimas de violencia sexual.

El acompañamiento del PNUD al caso Sepur Zarco   

Desde 2011, el PNUD ha venido apoyando a Mujeres Transformando el Mundo (MTM) y al Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) como parte de la Alianza Rompiendo el Silencio para brindar apoyo psicosocial y legal a las mujeres de Sepur Zarco, con el objetivo de contribuir a su fortalecimiento personal y organizacional en su lucha del acceso a la justicia.  “Las mujeres se empoderaron mediante procesos psicosociales  y decidieron  romper el silencio sobre la violencia sexual sufrida, buscando la justicia para ellas, y a su vez enseñando el camino a otras mujeres. El caso de Sepur Zarco nos ayuda a entender mejor las múltiples dimensiones de la violencia sexual, tanto personales, sociales y políticas”, explicó Lucy Turner, Coordinadora del PAJUST.  

El apoyo legal se ha concretado en el fomento de la participación de las mujeres de Sepur Zarco en el proceso de investigación a través de la provisión de evidencia testimonial, estableciendo mecanismos que permiten a las víctimas y otros testigos brindar la evidencia necesaria ante el juzgado.  Esto se ha complementado con el apoyo a la obtención de peritajes de expertos en varias disciplinas: médica, cultural, lingüística, militar, histórica, sociológica, psicológica, antropológica-forense, entre otras.  A través de este abordaje multidisciplinario, se logró documentar en sede judicial el contexto político-militar, social y cultural en el que ocurrieron los crímenes.

La asistencia psicosocial ha facilitado el empoderamiento de las mujeres en el proceso investigativo y penal, asegurando la no revictimización de las sobrevivientes. La metodología empleada contempló trabajo individual y colectivo, grupos de apoyo y técnicas de auto-ayuda.  Un enfoque constructivo contribuyó a reconocer y utilizar los recursos que las víctimas han desarrollado y empleado para responder a sus emociones a lo largo de 34 años. Este trabajo se realizó a partir del contexto cultural, idioma y valores de las mujeres como parte de la comunidad Maya Q’eqchí.    En reconocimiento de los riesgos que podría representar romper el silencio, se brindó apoyo a la seguridad de las mujeres de Sepur Zarco. Se apoyaron las medidas que ellas mismas tomaron para proteger su identidad y se establecieron sistemas de alerta temprana a nivel comunitario en caso que alguna fuera amenazada o agredida.

Además, se apoyó el trabajo de la Alianza Rompiendo el Silencio en su estrategia de comunicación, trabajando con redes de mujeres y de grupos pro derechos humanos, incluyendo al Sistema de Naciones Unidas, para dar a conocer su caso y concientizar a la población sobre los hechos acontecidos. La campaña de información ha hecho un vínculo importante entre la violencia sexual del pasado y la presente, y sobre la importancia de poner fin a la impunidad y a todas las formas de violencia contra la mujer.  

“El apoyo del PNUD al litigio estratégico impulsado por la Alianza en apoyo de las mujeres, reconoce y promueve el enfoque integral basado en la importancia de trabajar de forma holística en los aspectos legales, psicosociales y comunicacionales del caso”, resaltó Manuela Sessa, Oficial de Programa del Área de Justicia, Seguridad y Paz del PNUD.

La verdad y la justicia dignifican la vida de las mujeres

El 25 de febrero de 2016, Día nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno,  los dos militares, un ex Teniente Coronel y un ex Comisionado Militar, acusados de los crímenes recibieron sentencias por un total de 360 años de prisión, y la justicia dictó pagos reparativos a cada una de las sobrevivientes.  La jueza Jazmín Barrios reconoció el uso de la violación sexual como un arma estratégica utilizada a lo largo de los 36 años del enfrentamiento armado interno. “En la persecución del enemigo, se convirtió a las mujeres en objetos de guerra” declaró la jueza Barrios.  “Creemos firmemente que al reconocer la verdad se contribuye a sanar las heridas del pasado y se genera una consciencia para que tales crímenes no se vuelvan a repetir”.

Nuestra lucha es para que la historia no se repita, que ninguna mujer vuelva a vivir nuestro sufrimiento,” expresaron las mujeres, cuyas edades oscilan hoy entre 58 y 65 años de edad.   Tras el veredicto, con sus rostros cubiertos, las mujeres levantaron sus manos en señal de victoria. Gracias a su valentía y persistencia, otras mujeres víctimas de violencia sexual sufrida durante el enfrentamiento, por ejemplo en los departamentos de Quiché y Baja Verapaz, han comenzado a romper el silencio y a buscar el apoyo del PNUD a través del PAJUST.

“El caso de Sepur Zarco, apoyado por el PNUD a lo largo de los últimos cinco años, sirve de ejemplo al mundo al aplicar un modelo de promoción de la justicia para mujeres sobrevivientes de violencia sexual, el cual incluye asistencia integral –legal y psicosocial- en el empoderamiento para romper el silencio y poner fin a la impunidad que acompaña la violencia sexual.  Esperamos que el ejemplo de resiliencia y valentía de estas mujeres Maya Q’eqchí brinde esperanza y señale la ruta para muchas otras mujeres, tanto en Guatemala como en el mundo”, expresó la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala y Representante Residente del PNUD Valerie Julliand.

 

Pies de página

[1] La CEH registró 1,465 hechos de violación sexual. Sin embargo, ésta determinó que el 31% de las víctimas de ejecuciones arbitrarias fueron víctimas de tortura, violación sexual, privación de libertad o amenazas antes de ser ejecutadas. Asimismo, el 35% de las víctimas de violación sexual fueron posteriormente ejecutadas.  La Comisión concluyó que la proporción de los casos de violación sexual sobre el total de la muestra -3%-, subestima el fenómeno en el universo constituido por la totalidad de violaciones ocurridas durante el enfrentamiento armado, pues sólo una mínima parte de las víctimas denuncia su caso.

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