Guatemala: justicia y resarcimiento por el pasado

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Pasaron 29 años antes que Alfredo descubriera la verdad sobre su verdadera identidad. De 31 años de edad y originario de Guatemala, ahora vive en los EE.UU. Siempre pensó que su nombre era Oscar, y que el Teniente Oscar Ovidio Ramírez Ramos, el padre que amaba, era un héroe militar en su país natal.

Pasaron 29 años antes que Alfredo descubriera la verdad sobre su verdadera identidad. De 31 años de edad y originario de Guatemala, ahora vive en los EE.UU. Siempre pensó que su nombre era Oscar, y que el Teniente Oscar Ovidio Ramírez Ramos, el padre que amaba, era un héroe militar en su país natal.

Pero gracias, en parte, al programa respaldado por el PNUD que está ayudando a esclarecer la violencia del antiguo régimen y resarcir a sus víctimas, Alfredo ha descubierto la terrible verdad.

“Mi abuela y mis tías me criaron enseñándome a adorar a mi padre, quien falleció cuando yo tenía solo cuatro años de edad. En su versión de la historia, mi papá era un héroe,” dice. Pero los esfuerzos de la fiscalía de Guatemala, con el apoyo del programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición, dirigido por el PNUD, revelaron que en 1982 Ramírez Ramos participó en la tristemente célebre masacre de las Dos Erres. Más de 200 personas, incluidas mujeres, ancianos, niños y niñas, fueron asesinadas por comandos militares. Entre ellos estaba la familia de Alfredo. Nadie sabe por qué, pero el joven Teniente se apiadó de Alfredo, que entonces tenía tres años, y lo crió como su propio hijo.

La masacre fue un capítulo atroz del conflicto entre las fuerzas del gobierno y la guerrilla. La lucha duró 36 años y causó la muerte de 200.000 personas (en su mayoría indígenas) y la “desaparición” de más de 45.000, terminando en 1996 con un tratado entre los rebeldes y el ejército. Ambas partes acordaron una amnistía que eximía a los combatientes pero permitía el proceso judicial de las atrocidades.

Aspectos destacados

  • Más de 200.000 personas murieron durante los 36 años de guerra civil en Guatemala, y más de 45.000 “desaparecieron,” incluidos alrededor de 5.000 niños y niñas. El 93% de las atrocidades fueron cometidas por el ejército.
  • Cinco de los soldados que participaron en la masacre de Dos Erres ahora se encuentran en prisión, en parte gracias al apoyo proporcionado por el PNUD. Más figuras de autoridad, incluido el ex presidente, esperan juicio por su papel en otras atrocidades.
  • El PNUD invertirá 36 millones de dólares estadounidenses entre 2010 y 2014 en apoyo a la justicia de transición en Guatemala.

Desde 2010, el Programa Acompañamiento a la Justicia de Transición comenzó a apoyar a grupos de defensa de las víctimas y ayudar a las víctimas de violencia a reclamar reparación; ayudar a la policía a investigar los crímenes del pasado; y mejorar las capacidades de la Fiscalía y de la Procuraduría General.

Se están dando a conocer una larga lista de casos. El PNUD respaldó la capacitación de la policía y la Procuraduría General en arqueología forense, exhumación de fosas comunes, intercepción de llamadas, operaciones encubiertas, y el desarrollo de un programa de protección de testigos. Las medidas del gobierno para combatir la impunidad, incluido el apoyo del PNUD, han ayudado a reducir los altos niveles de violencia, rampante en la sociedad guatemalteca, así como aumentar las tasas de condenas en un 70 por ciento desde 2009, no solo para crímenes cometidos durante la guerra, sino para todos los delitos.

Quizás sea en virtud de este entorno de seguridad que algunos ex soldados, abrumados por la culpa, están compareciendo para resolver atrocidades del pasado. Eso sucedió cuando dos ex comando militares que participaron en la masacre de Dos Erres se presentaron en la Procuraduría General. En parte gracias a su declaración, y las décadas de extenso trabajo de la Fiscal Sara Romero; los investigadores pudieron encontrar a Alfredo y revelarle la dolorosa verdad.

Resultó que el verdadero padre de Alfredo había sobrevivido la matanza. Tranquilino Castañeda aún vive. Toda su familia, incluidos ocho niños y niñas fue enterrada en la fosa ese día en 1982. Siempre pensó que Alfredo era uno de ellos. “Ahora puedo morir en paz,” dice Don Tranquilino. “Pasé muchos años tratando de ahogar mis penas en alcohol pero parecía que mis penas podían nadar. Me salvé porque no me encontraba en el lugar. Ahora, con el resultado de la investigación, debo recomponer mis ideas y emociones. He vivido creyendo una historia completamente falsa, pero ahora finalmente podemos ver la luz al final del túnel.”

La exhumación de fosas comunes, con apoyo del PNUD y bajo la dirección de la Fiscal Romero, así como el trabajo de la Fundación de Arqueología Forense de Guatemala demostraron que la madre de Alfredo fue asesinada junto con el resto de la familia.

La matanza de Dos Erres es ahora emblemática de la justicia transicional y la asistencia proporcionada a la Procuraduría General a través del PNUD. Varios ex comandos militares ya se encuentran en prisión y algunos esperan la extradición de otros países para responder por sus crímenes. Se han iniciado procesos judiciales contra algunos oficiales de alto nivel, incluido el Presidente de facto Efraín Ríos Montt, quien gobernaba el país cuando ocurrió la masacre de Dos Erres. En Guatemala, estas investigaciones han sido fundamentales para cambiar la cultura de impunidad.

El PNUD está ayudando a muchas víctimas a descubrir la verdad, aunque como en el caso de Alfredo, a veces se trata de una historia dolorosa.

Este trabajo ha articulado a un gran número de socios en el marco del Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición, y ha sido posible gracias a la contribución de Suecia, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (PBF por sus siglas en inglés), Países Bajos, País Vasco, Canadá, Dinamarca y Catalunya.

 

Por Héctor Morales y Damian Kean.

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