Dando una voz a las mujeres víctimas

“La última vez que salimos para la montaña, recuerdo a los aviones que pasaban diciendo ‘gente entréguese! Ya va a venir la paz! Tenemos comida!’ Ya no aguantábamos el hambre, no teníamos casa, no teníamos cosecha ni animalitos porque todo lo habían destruido, estábamos desesperados y entonces mi mamá decidió entregarse al destacamento porque se cansó. […] En vez de recibirnos de buena manera, fue allí donde nos hicieron el daño” relata Elena de Paz, sobreviviente del conflicto armado interno y de violación sexual. En 1982, Elena, de 12 años de edad, y su madre fueron violadas por soldados del Destacamento Militar de Tzalbal, del municipio de Nebaj, en el departamento de Quiché.  Su madre murió como consecuencia de las agresiones.

Elena es una de las 97 testigos que presentaron su declaración ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente ”A” en el juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad llevado a cabo entre marzo y mayo de 2013. El Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición (PAJUST) del PNUD, acompañó el primer caso de genocidio juzgado por tribunales nacionales, incluyendo el acompañamiento a 10 mujeres Ixiles, víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, entre ellas Elena, quienes fueron escuchadas por primera vez en la historia del país en un juicio oral.

“Al testificar, me sentí contenta y, a la vez, triste, pues recordé lo que le pasó a mi mamá”, relata Elena describiendo su recorrido para acceder a la justicia. “Hace nueve años conté mi historia por primera vez” explica, recordando el estigma, pero también el apoyo recibido de una red social, incluyendo a otras mujeres víctimas de violación sexual.  “Conocer a otras mujeres que atravesaron por lo mismo me dio más fuerza, más valentía pues no viví eso sola,” agrega.

Elena cuenta con el apoyo de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), una asociación de sobrevivientes del Conflicto Armado Interno de cinco regiones del país, y querellante del caso.  Desde hace 13 años la  AJR ha sido asesorada por el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) en su búsqueda de justicia por lo sufrido por el pueblo Maya durante el conflicto armado interno. Elena fue parte de un proceso de fortalecimiento y empoderamiento de sus derechos, con su testimonio fue reconocida por su valentía, al romper el silencio basado en el miedo, llevo la voz de muchas mujeres que vivieron la violencia sexual, abriendo el camino para el acceso a la justicia para otras mujeres.

Aspectos destacados

  • El conflicto armado interno dejó un saldo de más de 200,000 víctimas y más de 45,000 "desaparecidos". Entre ellos, alrededor de 5,000 niños.
  • Según el Informe de Esclarecimiento Histórico, 93% de las atrocidades fueron perpetradas por el ejército.
  • Con el apoyo de PNUD: a) más de 16,000,000 documentos de los archivos de la ex Policía Nacional son accesibles al público y a las instituciones de la justicia por parte del Archivo Histórico de la Policía Nacional;
  • b) existe un Banco Genético que cumple con estándares internacionales, permitiendo la identificación de casi 2,000 víctimas para que sus restos sean devueltos a sus familiares para su dignificación;
  • c) un promedio de 20,000 familiares de víctimas han recibido anualmente apoyo legal y psicosocial en el proceso de búsqueda de los restos de sus seres queridos;

CALDH es una de las organizaciones de la sociedad civil socias de PAJUST, quien acompaña a las víctimas en este y otros casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. “PAJUST  apoya  la labor de organizaciones de la sociedad civil que brindan asesoría legal y, psicosocial a víctimas en procesos penales, de forma complementaria al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del sistema de justicia “, explica Lucy Turner, Coordinadora del  PAJUST  “La articulación de esfuerzos entre organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado puede dar resultados muy positivos en favor de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno”

Elena tiene ahora 43 años.  Treinta y un años después de ver a su familia y comunidad destruidas, Elena fue escuchada por un ente estatal, el tribunal de justicia, en el juicio por genocidio.  “Cuento mi historia porque lo viví. Algunas personas dicen que no sucedió nada, pero entonces eso quiere decir que lo que estoy contando es mentira, que lo que me pasó no sucedió. Es importante que haya justicia porque no quiero que mis hijos que están creciendo pasen lo que me pasó a mí, que no vuelva a suceder otra vez.”

Guatemala sufrió un conflicto armado interno entre 1960 y 1996.  Los Acuerdos de Paz, suscritos entre las partes en conflicto: gobierno y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con la participación de la Asamblea de la Sociedad Civil, y bajo los auspicios de las Naciones Unidas, contemplaron en el “Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca”,  la necesidad de esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos vinculados con el conflicto armado interno.

En 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que, a lo largo de 36 años, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de forma sistemática, incluyendo genocidio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violación sexual contra mujeres, en la conclusión 91 estableció: “…la violación sexual de las mujeres, durante su tortura o antes de ser asesinadas, fue una práctica común dirigida a destruir la dignidad de la persona en uno de sus aspectos más íntimos y vulnerables. La mayoría de las víctimas de esta violación fueron mujeres mayas.” (Pagina 35, Informe CEH, Guatemala Memoria del Silencio).

“Estamos buscando justicia…solo queremos justicia…para quienes me puedan escuchar o ver en otros países, lo que yo espero es, que no hagan lo que nos hicieron a nosotros, que lo que me pasó a mí no le pase a otras mujeres, a otras niñas”, explica Elena.

Este trabajo ha articulado a un gran número de socios en el marco del Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición y ha sido posible gracias a la contribución de Suecia, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF por sus siglas en inglés), Países Bajos, País Vasco, Canadá, Catalunya y Dinamarca.

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