La Verdad devuelve la Paz

Historia PAJUST AHPN Padre Augusto Ramírez

 

“Llevamos 15 años buscando información, tratando de aclarar las razones y las circunstancias que se dieron en torno a la forma extrajudicial en la que fue asesinado el Padre Augusto Ramírez Monasterio”, explica Ana Judith Morales junto a su madre Graciela Ramírez Monasterio, respectivamente sobrina y hermana del Padre Augusto.

El Padre Augusto era miembro de la Orden Franciscana Superior General de la Iglesia San Francisco El Grande de la Antigua Guatemala y presidente del Comité Hermano Pedro. “Era un sacerdote ejemplar, identificado con los sectores necesitados del apoyo de la iglesia y se distinguió toda su vida por la defensa insobornable de la paz y de la verdad,” manifestó el Padre Juan Carlos Córdoba, Vocero del Arzobispado al denunciar el asesinato en 1983.

En 1992, cuando el Papa Juan Pablo II visitó Guatemala, el nombre del Padre Augusto fue incluido en la lista de Mártires y Testigos Fieles del Evangelio, lo cual contribuyó a que la familia intensificara sus investigaciones para poder determinar si se trataba de un martirio. Gracias a su dedicación y persistencia, y al trabajo del Archivo Histórico de la Policía Nacional  –AHPN-, apoyado por el PNUD, la familia ha podido reconstruir parte de los hechos para determinar qué pasó.  

El Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición –PAJUST- del PNUD promueve la aplicación integral de los derechos a la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición para la víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. En particular, el PAJUST brinda acompañamiento técnico y financiero al AHPN para recuperar, sistematizar, analizar y dar acceso al público y a las instituciones del sector justicia a la información contenida en el archivo.

El AHPN aglutina más de 7 mil novecientos metros lineales de folios que datan de 1882 a 1997, incluyendo el período histórico que corresponde al conflicto armado interno, durante el cual la Policía Nacional y sus dependencias fueron señaladas de ser cuerpos ejecutores de graves violaciones a los derechos humanos que aún no han sido esclarecidas.  Los documentos del AHPN  fueron encontrados en 2005, de forma fortuita por personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, apilados en pésimas condiciones en las instalaciones de lo que a principio de los años 80 se conoció como el Hospital de la Policía Nacional en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.

“En 2005 vimos la publicación de prensa que habían encontrado el Archivo. Y entonces mi mamá me dijo: escribamos una carta, pidámosle, vamos, averiguemos! Hicimos una carta y la venimos a dejar. Y cuando la trajimos se rieron y nos dijeron ‘nosotros apenas acabamos de encontrar esto ayer. No les podemos decir nada pero aquí queda guardada la solicitud’.  Y posteriormente nos llamaron cuando empezaron a aparecer documentos respecto a la muerte de mi tío”, relata Ana Judith.  

Aspectos destacados

  • El conflicto armado interno dejó un saldo de más de 200,000 víctimas y más de 45,000 "desaparecidos". Entre ellos, alrededor de 5,000 niños.
  • Según el Informe de Esclarecimiento Histórico, 93% de las atrocidades fueron perpetradas por el ejército.
  • Con el apoyo de PNUD:
  • a) más de 17 millones de documentos de los archivos de la ex Policía Nacional son accesibles al público y a las instituciones de la justicia por parte del Archivo Histórico de la Policía Nacional;
  • b) existe un Banco Genético que cumple con estándares internacionales, permitiendo la identificación de casi 2,000 víctimas para que sus restos sean devueltos a sus familiares para su dignificación;
  • c) un promedio de 20,000 familiares de víctimas han recibido anualmente apoyo legal y psicosocial en el proceso de búsqueda de los restos de sus seres queridos;
  • d) más de 15 casos judiciales para graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, avanzan gracias a las demandas de las víctimas, al compromiso de las organizaciones de derechos humanos y de las instituciones del sector justicia.

Guatemala sufrió un conflicto armado interno entre 1960 y 1996.  Los Acuerdos de Paz, suscritos entre las partes en conflicto: gobierno y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG- con la participación de la Asamblea de la Sociedad Civil, y bajos los auspicios de las Naciones Unidas, contemplaron en el “Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca” la necesidad de esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos vinculados con el enfrentamiento armado.  

En 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH- en su Informe Guatemala Memoria del Silencio concluyó que “… el Estado de Guatemala incurrió reiterada y sistemáticamente en violaciones del derecho a la vida que este informe denomina ejecuciones arbitrarias, agravadas en numerosos casos por la aplicación de extrema impiedad…”   

Gracias a la información recopilada en el AHPN, se determinó que entre julio y noviembre de 1983 el Padre Augusto había sido controlado y perseguido.  Esa información confirmó lo que un campesino Kackquichel del área de Parramos, Chimaltenango, había relatado a la familia.  El campesino era líder de una célula del Ejército Guerrillero de los Pobres –EGP- y buscó acogerse a una aministía anunciada por el gobierno en 1983, para lo cual indicaban que se avocara con la Cruz Roja, entidades de socorro e iglesias católica o protestante.  En dos iglesias se rehusaron a ayudarlo.  Así, fue a San Francisco El Grande a pedirle ayuda al Hermano Pedro y vio en el confesionario a un sacerdote, el Padre Augusto.  

En los trámites para apegarse a la amnistía, información recogida por los familiares del Padre indica que  el Padre y el campesino fueron agarrados y llevados a lo que era la Base Militar de Chimaltenango en Alameda de los Aposentos. El Padre Augusto fue golpeado, quemado y sujeto a tortura extrema para conocer la información proporcionada por el campesino.  Fue asesinado en el anillo periférico en la ciudad capital y su cuerpo fue identificado por familiares en la morgue el 7 de noviembre de 1983.  

“La información que obtuvimos del AHPN fue muy valiosa, ya que pudimos tener acceso al informe forense, a los documentos que el juez redactó cuando levantó el cuerpo y toda la información que la policía manejó para desviar la atención del motivo y asesinato del Padre Augusto.  Mediante testimonios y la información recabada, pudimos determinar que quienes asesinaron al Padre Augusto fueron elementos del BRODE, la Policía Elite que unió al ejército y la policía nacional, la cual tenía su sede en el periférico a la altura de la Avenida San Juan,” explica Ana Judith.

Según la CEH, las víctimas del conflicto incluyeron miembros de comunidades religiosas que cayeron bajo sospecha de colaborar con el enemigo. La CEH registró 13 casos de sacerdotes asesinados o desaparecidos entre los años 1976 y 1983. El asesinato del Padre Augusto tuvo gran impacto en el país, ya que fue el sacerdote número 13 asesinado en el conflicto armado interno y el primero en la ciudad capital. “Había tanto miedo en la Iglesia por el asesinato de catequistas que no nos dieron una iglesia para velarlo.  Entonces el Padre Augusto fue velado en Funerales Reforma de la zona 9. Cuando llegamos a la Antigua, la gente paró el carro fúnebre y pidió llevarse en hombros el cuerpo del padre. La gente entró con el cadaver de mi tío y atravesó la Antigua Guatemala hasta dejarlo en San Fransico donde posteriormente fue inhumado,” explica Ana Judith.    

Con el apoyo del PNUD, más de 17 millones de documentos han sido organizados, clasificados, digitalizados y se encuentran accesibles al público y a las instituciones de la justicia por parte del Archivo Histórico de la Policía Nacional bajo la tutela del Ministerio de Cultura.

La familia del Padre Augusto expresa que tiene sentimientos encontrados después de todo lo ocurrido. Saber que fue fiel al secreto de confesión les da, de alguna manera, paz. “El derecho a la verdad nos permite cerrar el ciclo del dolor ante la desaparición forzada o el asesinato de una persona.  Es importante porque ayuda a sanar, a dar paz y uno puede saber a quién debe perdonar y cómo perdonar,” concluyó.

Este trabajo ha articulado a un gran número de socios en el marco del Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición y ha sido posible gracias a la contribución de Suecia, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF por sus siglas en inglés), Países Bajos, País Vasco, Canadá, Catalunya y Dinamarca.

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