¿Por qué hacer una reforma Integral a la Ley de CONRED?

24-abr-2017

Mesa Técnica Especializada dirigida a las agencias del Sistema de Naciones Unidas, estado actual y avances en el proceso de reforma integral de la Ley de CONRED. Fotografía PNUD / Iván Lungo

 

Guatemala, abril de 2017. En seguimiento del proceso participativo en la construcción de la Reforma Integral del Decreto Legislativo 109-96, Ley de la CONRED, se llevó a cabo los días 20 y 21 del presente mes la Mesa Técnica Especializada dirigida a las agencias del Sistema de Naciones Unidas en la cual se compartió el estado actual y los avances en el proceso de reforma integral; por otro lado se realizaron análisis colectivos de registro abierto sobre las razones esenciales que preceden la reforma de la ley, tales como los considerandos, objeto, fines y principios de la ley.

Aún con los esfuerzos para reducir el impacto de los desastres que se han dado en los últimos años en Guatemala, las tendencias señalan como los fenómenos de origen natural sigue generando pérdidas acumuladas que limitan el crecimiento de las comunidades.

El índice de Riesgo Climático de Germanwatch, valorado con información comprendida entre 1994 y 2014 sobre el impacto de los eventos climáticos extremos y los datos socio-económicos asociados señalan que cinco de cada diez países con mayor riesgo climático se sitúan en América Latina, siendo Guatemala uno de ellos.

Según a los datos presentados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático -IPCC-, estiman que esto se agudice por los efectos del cambio climático y la variabilidad climática, pudiendo llegar a generar en la frecuencia y magnitud de eventos extremos.

De continuar bajo estas condiciones y de no actuar al respecto por medio de acciones de adaptación al cambio climático y gestionar el riesgo de desastres, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- calcula que el costo anual para hacer frente a los desastres será de un 2.2 % del PIB regional.

De acuerdo a las investigaciones cualitativas realizadas en 20 países de América Latina y el Caribe por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- en la elaboración del Informe Regional de Desarrollo Humano 2016, se estable que los desastres son la segunda causa de la re-caída de la pobreza, antecedido únicamente por la falta de empleo.

Lo expuesto anteriormente puede asociarse al incremento de pérdidas principalmente por pequeños eventos, que debido a su condición de ser focalizados y causar daños y pérdidas menores muchas veces de poco interés mediático nacional o internacional pasan desapercibidos, sin embargo, se definen en el término de riesgo extensivo, socavan la capacidad de recuperación de las personas y los sistemas, incrementando con cada evento su vulnerabilidad.

Conforme datos del año 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres -UNISDR- en las Américas, por cada evento intensivo se registran 177 eventos extensivos, que, de forma acumulada contribuyeron a más de la mitad de las pérdidas de vidas humanas (22.242) y el 90 % de las personas afectadas (115 millones).

En Guatemala se estima que el número de la población en riesgo a ser afectada por los desastres va en aumento, aun con la limitante para poder confirmar del todo lo anterior, existe una necesidad impostergable de integrar la reducción del riesgo de desastres dentro del proceso de planificación para el desarrollo y los esfuerzos sectoriales que lo comprendan y así poder contar con una normativa legal y moderna que fortalezca los esfuerzos y a su vez contribuya a disminuir la pérdida de vidas, el costo social y económico que los eventos geológicos, especialmente los hidro-metereológicos generan en nuestro país.

 

undp_gt_CONRED_Reforma_Ley_02_2017Proceso participativo en la construcción de la Reforma Integral del Decreto Legislativo 109-96, Ley de la CONRED. Fotografía PNUD / Iván Lungo

 

Los retos a considerar en la nueva ley

En la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Sendai, Japón en marzo de 2015 se reconoció que en los últimos 10 años el costo de los desastres ha seguido cobrando un alto precio; la cantidad de amenazas y desastres se ha incrementado y la exposición de las personas y sus bienes ha aumentado con más rapidez de lo que han disminuido las vulnerabilidades, por lo que se insta a los países a reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia ante los mismos con carácter de urgencia.

Por su parte los participantes representantes de la Sistema de Naciones Unidas -SNU- hicieron énfasis en el aporte y la vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en la propuesta de la nueva ley desde la óptica de comprender el riesgo a desastres,  fortalecer el manejo del riesgo de desastres y su gestión adecuada, la inversión en la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia, así como el aumento de la preparación para los casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz desde la perspectiva de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción, tomando en cuenta que los ODS son una agenda transformadora y se considera esencial el principio de igualdad.   

Por lo anterior, para que Guatemala pueda asumir el compromiso de trabajar en reducir el impacto negativo que los desastres están desarrollando en los niveles de vulnerabilidad de la población, se debe desarrollar un proceso que logre modernizar la legislación existente en relación con el tema y de esta forma se fortalezcan las políticas, planes, programas y presupuestos a todos los niveles y así lograr aumentar los niveles de resiliencia.

El proceso de modernización del Decreto Ley 109-96, permitirá que el Estado de Guatemala pueda tomar decisiones más eficientes en términos de inversión para el desarrollo, generación de sistemas productivos resilientes, resguardo de la base productiva del país, la conservación de los recursos naturales, la eficiencia en el uso de los servicios eco-sistémicos, la capacidad de soportar nuevos desastres y los efectos del cambio y variabilidad climática a largo plazo, esto entre otros beneficios que contribuirán a reducir los niveles de pobreza, protección de la tierra y la garantía que las personas gocen de paz y prosperidad.

 

Beneficios esperados de la reforma integral de la ley a la sociedad guatemalteca

Por medio del desarrollo de las comunidades y por ende del país habrá menos pérdidas de vidas y menos daños materiales.  Esta transición se enfoca en el desarrollo de las medidas específicas de la Reducción de Riesgo a los Desastres que involucran la mejora de los datos e información sobre el riesgo que se tiene en Guatemala, el uso eficiente de las tecnologías, las prácticas productivas y la búsqueda de sostenibilidad de los recursos naturales, así como la generación de cambios considerables en términos de gobernanza, legislación, políticas e inversión pública y privada.

El proceso de reforma de la Ley 109-96 podrá brindar la base legal a una institución que oriente y fortalezca las principales decisiones que toma el Estado en materia de inversión para el desarrollo y adicional se espera que la misma contribuya entre otros a:

1.     Mejorar la información que sobre el riesgo se tiene

  • Garantizar su disponibilidad, veracidad y oportuna
  • Promover que esta sea utilizada para la toma de decisiones en la planificación del desarrollo y la generación de proyectos.

2.     Gestionar de mejor manera el riesgo

  • Fortalecer a nivel territorial con una serie de lineamientos que permitan hacer más eficiente el gasto público, la inversión privada y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
  • Regular la forma en que se edifica, emplea y da mantenimiento a la infraestructura de uso público, para que esta reduzca el riesgo.

3.     Mejorar las acciones de respuesta ante desastres

  • Fortalecer los preparativos para la emergencia y los mecanismos de atención y coordinación entre diferentes actores.
  • Promover acciones de respuesta basadas en la equidad, la recuperación, rehabilitación y reconstrucción que mejores las condiciones de vida previas a la ocurrencia del desastre de personas y comunidades.

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