El Programa Maya presentó los resultados de su II Fase

26-abr-2018

Tras cuatro años de trabajo y acciones en Guatemala, el 20 de marzo se llevó a cabo el acto público de presentación de resultados del Programa Maya (PM) Fase II con la presencia de autoridades que brindaron sus impresiones al respecto y reiteraron su compromiso de seguir acompañando los esfuerzos de país.

Esta es una iniciativa conjunta del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, implementado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cuenta con la participación del gobierno de Guatemala a través de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), y con la cooperación del Gobierno de Noruega.

Al evento asistieron Michelle Prieto, Subsecretaria de Cooperación Internacional de la Segeplán; Per Anders Nilsen, Consejero de la Embajada de Noruega en México; Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD, así como, Liliana Valiña,Representante de OACNUDH y Mariko Kagoshima, Oficial a cargo de UNICEF.

Durante la bienvenida, Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD, agradeció al Gobierno de Guatemala por su participación en este proceso, así como al Gobierno de Noruega por la cooperación con el país durante las dos fases que duró el Programa Maya que inició en el año 2009. “Los resultados han generado condiciones para el incremento del ejercicio de los derechos por parte de los titulares de derechos y el incipiente, pero importante cumplimiento por los portadores de obligaciones, los cuales apuntan hacia cambios importantes en el país, en el mediano y largo plazos”, puntualizó.

Cabe mencionar que el objetivo de este programa ha sido contribuir al mejoramiento de la situación del pueblo Maya y de los pueblos Xinka y Garífuna para alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos ante los sistemas de Justicia, Educación y Político en Guatemala.

En ese sentido, el Consejero de la Embajada de Noruega en México, Per Anders Nilsen, expresó su satisfacción respecto de los resultados obtenidos, sobre todo escuchar el cambio en la vida de las personas de voz propia de las y los participantes, así mismo confirmó el apoyo de Noruega para una fase III del Programa.

Durante el periodo que abarcó, el Programa centró sus esfuerzos en fortalecer las capacidades y los roles tanto de los titulares de derechos como de las instituciones del Estado. Estos últimos como portadores de obligaciones en la perspectiva de la diversidad cultural e igualdad de género.

En este marco, la implementación del Programa se basó en el Enfoque basado en Derechos Humanos, y además estuvo en concordancia con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas en inglés) 2015-2019.

La presentación de los principales resultados del Programa estuvo a cargo de Daniel Saquec Xinico, Asesor Técnico Principal del Programa, quien destacó que se fortalecieron las capacidades de los titulares de derechos, en el acceso, ejercicio y la exigibilidad de los tres derechos: Justicia, Educación con Identidad y Participación Política para lo cual la iniciativa se dividió en tres componentes con los mismos nombres.

Así mismo, una integrante del Consejo Consultivo de la fase II del PM, Otilia Lux de Cotí compartió sus consideraciones en base a los resultados que observaron y reconoció que estas iniciativas se convierten en oportunidades potenciales para el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Para el cierre del evento se contó con la intervención de la Subsecretaria de Cooperación Internacional de la Segeplán, Michelle Prieto quien felicitó los logros obtenidos en el Programa, así como la voluntad y compromiso del gobierno para acompañar estos esfuerzos conjuntos.

Conociendo detalles del Programa Maya

Fotografía: participantes de la presentación de resultados del Programa Maya en su fase II. PNUDGuatemala /Fernanda Zelada

Desde el componente de Justicia la contribución fue enfocada al fortalecimiento institucional propiciando el cambio de cultura jurídico-política en los operadores de justicia, y contribuyó al alcance de sentencias favorables a los derechos de pueblos indígenas ante las cortes del país, y visibilizó sus demandas a nivel nacional e internacional, así como la incidencia sobre las orientaciones de políticas (públicas) de diversas instituciones del Estado.

Por otro lado, el componente de Educación propició cambios importantes al haber sensibilizado, generado nuevos conocimientos, y motivado la participación de mujeres indígenas, a nivel individual y colectivo, en espacios de toma de decisión, en relación a sus derechos y el de la educación con identidad cultural, contribuyendo a elevar la calidad de la educación mediante la participación de padres y madres de familia a nivel local.

Y en el caso del componente de Participación Política se registró un aumento en el nivel de los conocimientos y las capacidades individuales y colectivas de liderazgos indígenas, en materia de derechos de pueblos y mujeres indígenas, y el conocimiento de la gestión del Estado. Además, se fortaleció la participación en espacios de toma de decisión a nivel comunitario, municipal, departamental y nacional.

Cabe destacar que se facilitó con especial énfasis el empoderamiento de las mujeres y jóvenes indígenas en la demanda de sus derechos ante los sistemas de Justicia, Educación y Político, y el ejercicio de su liderazgo en las organizaciones que formaban parte, para el ejercicio del diálogo e incidencia política por sus derechos a nivel comunitario, municipal y nacional, desde su identidad y cosmovisión propia.

La asesoría técnica facilitada a las instituciones ha favorecido el fortalecimiento institucional y el cambio de cultura jurídico-política. El equipo técnico compartió los resultados, entre los que están:

  • El apoyo y acompañamiento al Ministerio Público (MP) en el diseño y la implementación de la Política sobre el Acceso de los Pueblos Indígenas, al MP en el año 2017.
  • El impulso de cambios en las políticas públicas del Ministerio de Educación que favorecieron el acceso a la educación de la niñez indígena.
  • La contribución para crear la Unidad de Equidad de Género con pertinencia Cultural y Protección Integral de la Niñez. Así mismo, la conformación y articulación de demandas multisectoriales a nivel nacional y de mancomunidades, para impulsar la implementación de la PNDRI y de los planes, particularmente desarrollados por cinco Núcleos de Gestión Territorial. No obstante, se indicó que aún son procesos incipientes.
  • La sostenibilidad de los avances con las instituciones del Estado presenta desafíos muy importantes, entre los que están, la necesidad de cambios organizacionales y estructurales; la apropiación y aplicación de los conocimientos a nivel individual, colectivo e institucional; la previsión y asignación de recursos económicos y de capital humano para replicarlos; así como la sostenibilidad política y social.

Algunas recomendaciones que se destacaron para una fase de seguimiento fueron:

-La priorización de las estrategias de sostenibilidad de procesos y resultados relevantes. La definición de una estrategia conjunta de comunicación. Acompañamiento a redes priorizadas por la población meta. Fortalecer el enfoque de género y derechos de las mujeres indígenas, desde las propias formas de organización de los pueblos indígenas.

-En seguimiento al derecho a la Justicia: apoyar los casos de litigio estratégico, impulsados en la fase II, y casos paradigmáticos que alcanzaron sentencias favorables, aún no implementadas. Promover los derechos de los pueblos y de las mujeres indígenas en el Sistema de Justicia Oficial, con procesos de formación institucionalizados para los operadores de justicia.

-En relación con el derecho a la Educación con identidad cultural: continuar con el empoderamiento a mujeres indígenas para impulsar su participación en las Organizaciones de Padres y Madres de Familias -OPF´s- y otros espacios de decisión e institucionalizar un proceso de formación que facilite su sostenibilidad y replica. Focalizar sus esfuerzos en el trabajo de incidencia política para abrir espacios de toma de decisión a los pueblos y mujeres indígenas. Cabildear una mayor inversión de fondos públicos destinados a la Educación Bilingüe Intercultural -EBI-.

-Con respecto al derecho a la Participación Política: apostarle a una formación y participación política a nivel regional y nacional que incluya a los mejores egresados para el seguimiento a procesos encaminados, e impulsar la articulación de demandas a nivel  nacional mediante la incidencia e interlocución política.

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