Avances y brechas en la aplicación de la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas

09-ago-2017

Fotografía: Fernanda Zelada/PNUD

Hace diez años, en 2007, Guatemala votó a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la que públicamente calificó como “una guía genuina para contribuir a mejorar las condiciones de vida, tanto individuales como colectivas, de los pueblos indígenas”, que además, “reafirma el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, para que puedan establecer libremente su desarrollo económico, político, social y cultural”.   

Los instrumentos internacionales como dicha Declaración, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, adoptada en 2016, han sido resultado de un amplio diálogo a nivel internacional con el propósito de reparar las consecuencias de la denegación histórica de los derechos de los pueblos indígenas y asegurar la plena garantía de estos derechos.
    
En el país se registran avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, la creación y fortalecimiento de algunas instituciones con mandatos específicos sobre derechos de los pueblos indígenas como la Defensoría de la Mujer Indígena, DEMI, la Comisión contra la Discriminación y el Racismo, CODISRA, el Fondo Indígena Guatemalteco, FODIGUA, y la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, ALMG, entre otras, así como unidades y departamentos en Ministerios y Secretarías, el Congreso de la República y en otros entes del Estado.
 
Además de resaltar estos avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, es importante recordar que persisten desafíos para hacer efectivos derechos como el acceso a la justicia, salud, educación, alimentación, condiciones laborales dignas, a la participación política, a la tierra y a un desarrollo integral, entre otros. Así mismo, la ardua tarea de continuar luchando contra el racismo y la discriminación racial arraigada en la sociedad guatemalteca.  

El limitado acceso a derechos como salud, agua y saneamiento básico, así como  la falta de oportunidades de educación y empleo digno colocan a los pueblos indígenas en una situación de alta vulnerabilidad, particularmente nutricional.
 
 La niñez indígena presenta índices por encima de la media nacional en desnutrición crónica, alcanzando más del 70% en la zona occidental del país. Las mujeres indígenas también se ven afectadas, ya que el 40% de ellas miden menos de 145 cm. Esta talla presenta un alto riesgo de complicaciones y muerte durante el parto. Además, en los hogares indígenas, regularmente se refleja una situación denominada "la doble carga de la malnutrición", ya que coexisten niños y niñas afectados por la desnutrición crónica, con mujeres que presentan sobre peso y obesidad.   

Las mujeres indígenas son afectadas en mayor medida que las mujeres no indígenas por la mortalidad materna y la mortalidad de sus hijos e hijas recién nacidos; tienen menor acceso a la educación, a los servicios de salud en su idioma que respetan su cultura; al empleo remunerado; así como menor acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la planificación familiar.  

En cuanto a la maternidad en adolescentes, la ENSMI 2014-2015 muestra que, el 16.8% de las adolescentes indígenas de entre 15 y 19 años ya son madres, mientras que el 4.4% ya cuentan con su primer embarazo.  
 
En términos de participación política, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de segunda generación, deberán considerar cambios al artículo 212 para que, especialmente las mujeres  mayas, garífunas, xincas y mestizas o ladinas, puedan tener mayor representación en los cargos de toma de decisión, pues de un 12.9% (19 de 158) de mujeres legisladoras, tan solo el 0.7% corresponde a mujeres indígenas, presentándose algo similar o peor en el plano municipal.
 
Para revertir esta situación, resulta imprescindible promover nuevos modelos de desarrollo inclusivos e incluyentes basados en enfoque de derechos humanos que resalten la importancia de reconocer la diversidad y los rasgos distintivos de los pueblos indígenas, así como valorar y aprovechar su identidad cultural como un activo y un factor esencial para el desarrollo socio-económico de Guatemala.  

Por tanto, el Sistema de Naciones Unidas insta al Gobierno de Guatemala a implementar políticas, medidas, planes y agendas que conlleven medidas que permita a la población en general y en particular a los pueblos indígenas, el goce de sus derechos humanos.