Fotografía: PNUD Guatemala / Juan Luis Sacayón

 

El suelo es un recurso natural finito y no renovable (hasta 1000 años son necesarios para que se forme un centímetro de suelo, FAO, 2015). Los suelos prestan diversos servicios ecosistémicos o ambientales. Entre ellos, la producción de alimentos y biomasa mediante el soporte y suministro de nutrientes para las plantas; es el escenario para los ciclos biogeoquímicos de elementos como el carbono, nitrógeno, fosforo, azufre y otros; almacena o fija el carbono siendo considerado el mayor sumidero de este elemento en la naturaleza, razón por la cual últimamente tiene la atención de los tomadores de decisión política para tratar de resolver el tema de cambio climático; almacena y filtra el agua permitiendo la recarga de acuíferos y evitar contaminación de las reservas de agua; y es una reserva importante de biodiversidad por la abundancia de organismos que en él habitan.

A pesar de su evidente importancia, los foros internacionales sobre cambio climático y biodiversidad han puesto poca atención en su acelerada perdida y en considerarlo como una de las grandes soluciones al problema climático.  Esto fue evidente en la reciente cumbre sobre el clima realizada en Glasgow, COP26, donde los bosques destacaron en la agenda y se habla del suelo solo por el cambio de uso pero no por su valoración per se. Tal como indica Walter Luzio Leighton, Profesor Universidad de Chile, “El suelo sigue siendo el gran olvidado en las mesas de discusión ambiental, en todos los aspectos legales y en lo que dice relación con su protección”.

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos organismos y en donde crece la vegetación, por lo que influye considerablemente en las actividades socioeconómicas del territorio. Esto es fácil de entender al comparar dos regiones de Guatemala, el corredor seco cuya capa de suelo es casi nula o poca profunda, y la boca costa cuya capa de suelo es profunda, rica en nutrientes y de origen volcánico. Los grupos humanos que se asientan en ambas regiones ejercen diferente grado de intensidad de uso, disponen de recursos naturales para usos distintos (más escasos en la región del corredor seco) y generan, por tanto, según el manejo agrícola que apliquen, distintos cambios, o incluso deterioro al suelo.

Es importante tener presente que el suelo produce el 95% de los alimentos que se consumen en el mundo (FAO, 2015) y que para 2050 la producción agrícola deberá aumentar en un 60% para satisfacer tan solo la demanda de alimentos para ese periodo. Es urgente hacer un cambio. Pero ¿qué? Para garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial se requiere una gestión sostenible del suelo, aun así, se estima que esto producirá solo 58 % más de alimentos (FAO, 2015). Esa gestión sostenible debe considerar enfoques como la agricultura de conservación del suelo y del agua, la agricultura orgánica (mínimo o nulo uso de productos agroquímicos), la agricultura de labranza cero (mínima mecanización), sistemas agroforestales (combina la agricultura con árboles maderables o frutales) y sistemas agrosilvopastoriles (siembra de árboles para brindar sombra al ganado y cercas vivas).

Todos estos enfoques buscan mitigar el riesgo ambiental asociado a la producción agrícola (como heladas o sequías), proteger al suelo contra la erosión, minimizar los daños causados por las inundaciones, almacenar agua, y algo muy relevante, contribuir a mejorar conectividad biológica al  restaurar la cobertura forestal y mitigar el cambio climático porque se aumenta la capacidad para fijar carbono presente en la atmósfera.

Por esto es necesario que la institucionalidad de gobierno establezca metas comunes, y asuma un rol protagónico, para definir instrumentos de planificación que orienten a otros actores como la cooperación internacional o la sociedad civil. Las municipalidades deben asumir un papel primordial a favor de definir el ordenamiento de su territorio dinamizando los instrumentos disponibles como planes de desarrollo municipal, políticas forestales o planes maestros de áreas protegidas que orienten ese ordenamiento de territorio y permitan establecer metas claras de restauración forestal para la restauración biológica, y a la vez mejorando la conectividad biológica de los territorios conservados.

El Instituto Nacional de Bosques debe fomentar, mediante los incentivos forestales, la restauración de zonas clave para la recarga hídrica y generar masa forestal mediante el mayor impulso económico de modalidades de restauración forestal, que hoy están en desventaja respecto a la modalidad de protección de bosques naturales. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación debe impulsar los sistemas agroforestales, la conservación del suelo y el agua mediante buenas prácticas agrícolas. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales juntamente con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas deben impulsar políticas que permitan a las poblaciones hacer uso de los recursos naturales renovables de forma sostenible, avanzando de una gobernanza de prevención y protección, a una gobernanza que busque generar mayor bienestar a la población.

Es importante, sobre todo, fortalecer las capacidades de los pequeños y medianos productores, sensibilizarles para que valoren en una justa dimensión, el suelo, el bosque, el agua y la biodiversidad. Hoy 5 de diciembre que conmemoramos el día mundial del suelo, es un buen momento para reflexionar sobre la necesidad que la sociedad visibilice ese vital recurso natural y valore su importancia en todos los ámbitos socioeconómicos.

#DíaMundialdelSuelo #SuelosSalinos #ContaminacióndelSuelo
#DetenerlaErosióndelSuelo

Escrito por:

Johnny Toledo, especialista en adaptación al cambio climático y manejo de recursos naturales renovables, coordinador del Proyecto Promoviendo Territorios Sostenibles y Resilientes en Paisajes de la cadena Volcánica Central de Guatemala, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), cuyo implementador asociado es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- y la agencia implementadora es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-.

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