La Política Nacional de Diversidad  Biológica se ha desarrollado con base al papel fundamental que juega la diversidad biológica en la sostenibilidad del desarrollo humano, la adaptación al cambio climático, la salud humana, la disminución de la vulnerabilidad socioambiental y la  seguridad alimentaria. De esta manera renueva la relación, a veces fragmentada, que ha existido entre los ciudadanos y su entorno natural, especialmente en cuanto a: el agua para consumo humano y cultivos, la pesca, los recursos maderables, el oxígeno, los paisajes para el turismo, la productividad del suelo y la captación de carbono, entre otras.

La Política orienta las acciones a partir de tratados nacionales e internacionales que le dan forma a las políticas de Estado, incluyendo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración del Milenio y el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Así, esta Política Nacional de Diversidad Biológica reafirma el compromiso del Estado de garantizar el derecho a la vida, al agua y a una alimentación sana, con base al principio básico del desarrollo sostenible de satisfacer las necesidades económicas, sociales, ambientales y culturales del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.

 La Política responde principios como el bien común, el legado intergeneracional, la distribución justa y equitativa de beneficios, la precautoriedad y el ejercicio de ciudadanía, fomentando la capacidad de incidir y decidir colectivamente sobre el destino propio de las realidades territoriales y culturales