La Administración de Zonas Marino Costeras: un reto que enfrenta la gestión municipal

24 ago 2016

En estos días me puse a pensar en la importancia que tienen las zonas marino costeras en Guatemala y lo frecuente que olvidamos el papel que juegan en el desarrollo sostenible del país. Guatemala depende en gran medida, de la sumatoria de las diferentes acciones que los 340 municipios realicen para alcanzar el desarrollo, acciones que deben beneficiar a la población. Éste es un gran reto para la gestión municipal ya que deben detonar el desarrollo económico, social y ambiental en cada uno de sus municipios.

El Código Municipal en su artículo 67, estable que, el municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales, ambientales y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida, y satisfacer las necesidades y aspiraciones de su población. Durante los últimos años la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –Segeplán- ha realizado el Ranking de Gestión Municipal, una herramienta que mide el desempeño de las municipalidades en sus diferentes ámbitos de gestión, lo que la convierte a la vez, en una herramienta de mejora continua.  La última medición de la Gestión Municipal mediante el Ranking fue realizada en el año 2013 y está integrada por 6 índices y 31 indicadores. 

Dentro de las competencias de las municipalidades esta la prestación de los servicios públicos, siendo de gran importancia, ya que la calidad y cobertura en la prestación de servicios públicos resultan ser elementos muy importantes en los procesos de desarrollo social y económico que contribuyen directamente a la mejora de las condiciones de vida de la población, a mejorar el índice de desarrollo humano y el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM- según el Ranking de Gestión Municipal 2013, hoy en día los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-.   

De acuerdo a los resultados del Ranking de Gestión Municipal, 228 municipalidades que suman el 68%, se encuentran en una categoría “baja” en cuanto a la disposición y tratamiento de aguas residuales en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 236 – 2006.  Cabe destacar que el tratamiento de aguas residuales es unos de los retos más grandes que afronta la gestión municipal hoy en día. Este tratamiento puede ser en tres niveles: el primario que se refiere al tratamiento físico, secundario que se refiere al tratamiento físico y biológico, y el terciario que comprende el tratamiento físico, biológico y químico.  

La mayoría de municipalidades de las zonas marino costeras tienen el reto de priorizar dentro de su Plan Operativo Anual (POA) municipal y presupuesto de los próximos años, la realización de los estudios técnicos de caracterización de aguas residuales y la construcción de infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales generadas por la población de sus municipios, para cumplir con lo estipulado en el acuerdo gubernativo 236 – 2006 y contribuir al saneamiento ambiental.

Respecto al indicador de cobertura y calidad de la gestión de los desechos sólidos, 245 municipalidades (73%) se encuentran en la categoría “baja”. Esto quiere decir que la disposición final de los residuos sólidos se puede dar mediante: vertedero, vertedero controlado, planta de tratamiento de residuos sólidos y relleno sanitario.  

Las municipalidades, deben impulsar un programa para la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos adecuadamente, ya sea de forma individual o en mancomunidad, ya que los residuos sólidos municipales y aguas residuales de origen doméstico son depositados sin ningún tratamiento en los ríos y barrancos, lagos, lagunas y esteros. Ello representa un enorme problema, ya que dichos espacios naturales están siendo contaminados fuertemente. 

Durante los últimos años la expansión de la urbanización en las zonas Marino Costeras ha ido incrementándose, y la proyección es que aumentará aún más en los próximos años.  Es de suma importancia la intervención de las municipalidades mediante la implementación de Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que establezcan los usos permitidos del territorio. En lo que concierne a Áreas Protegidas Marino Costeras, los POT deben ir en armonía con los Planes Maestros o Planes de Manejo de cada una de ellas.  Se hace necesario establecer estrategias para brindar de forma sostenible el suministro de servicios públicos tales como agua potable, sistemas de drenaje y el tratamiento y disposición de residuos sólidos y aguas residuales, lo que permitirá aprovechar al máximo el potencial turístico de la región y minimizar los impactos adversos a los recursos naturales y la diversidad biológica.

Actualmente los municipios de las Zonas Marino Costeras, cuentan con una prioridad baja dentro del presupuesto para invertir en temas de gestión ambiental como la reforestación, viveros y cuencas; y gestión del servicio público que aborda el alcantarillado, drenajes y manejo de desechos sólidos. Es un gran reto para los próximos años el incrementar los montos para las partidas presupuestarias destinadas a la gestión ambiental y servicios públicos de agua y saneamiento, ya que de la cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos dependen en gran medida el desarrollo económico y social que se pueda impulsar en estas zonas. 

La Ley de Impuestos Únicos sobre Inmuebles (IUSI), es una herramienta muy bondadosa que puede permitir a los municipios el financiamiento de los diferentes programas, obras, proyectos y actividades que las municipalidades deben impulsar para satisfacer las demandas de la población e impulsar el desarrollo integral sostenible que anhelamos los guatemaltecos. Por diversas razones, especialmente de índole política, los Concejos Municipales tienen temor de implementar lo estipulado en esta Ley. En la mayoría de municipios únicamente se aplica para algunos bienes inmuebles situados en los cascos urbanos, zonas urbanizadas y fincas registradas en el Registro General de la Propiedad, quienes a su vez la han registrado con un valor fiscal muy por debajo del valor de mercado. Esta herramienta, bien administrada, puede convertirse en un mecanismo financiero que permita la implementación de obras para el desarrollo y la conservación de las zonas marino costeras. 

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